Institucional

Mensaje Institucional

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Mensaje institucional del Tribunal de Ética Gubernamental


Debo comenzar con palabras de reconocimiento para las cinco personas  miembros del primer Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) que, partiendo de cero, lograron en solo cinco años posicionarlo como respetable ente rector de la ética pública.


El agradecimiento además al resto del personal, muchos de sus integrantes aquí presentes, quienes con esfuerzo silencioso, han acompañado a aquellos y son también merecedores del título de fundadores. Ellas y ellos han mantenido viva la luz de la institución, laborando sin desmayo, pese a las circunstancias de la etapa atípica de casi diez meses, de la cual, gracias a Dios y al esfuerzo de todos, hemos salido revitalizados.


Reconocimiento a las Comisiones diseminadas en muchas instituciones del gobierno, las cuales continuaron espontáneamente sin interrupción, prestando inapreciable contribución durante ese tiempo de recesión orgánica. 


El justo agradecimiento también a la cooperación exterior, a las organizaciones como USAID y su parte ejecutiva CASALS, como el PNUD, sin cuya ayuda no se hubieran obtenido los éxitos, visibles algunos, no advertidos otros, del TEG.


Integrado como ya está el Tribunal, trabajando todos denodadamente, asumimos responsabilidades en serio en esta nueva fase de RESURGIMIENTO, motivados moralmente desde la consciencia, inspirados éticamente en los valores y principios que constituyen nuestra filosofía. Por ello hemos querido atender la sugerencia de una persona muy apreciada, en el sentido de efectuar lo que él denomina relanzamiento. He aquí, pues, el RELANZAMIENTO del TEG.


Este evento es, entonces, una de las primeras respuestas a las altas expectativas de la sociedad civil, que con todo derecho nos demanda estar al nivel de la época presente, en la cual se impone abordar con energía el gran problema de la corrupción, mal endémico que ronda el planeta como nunca y golpea de mil formas en todos o casi todos los países.


Por supuesto que la infección social no es nueva. La desviación de la conducta moral ha signado a la especie humana desde siempre. Dígalo si no la pareja primigenia,  la cual, en el casco mismo del edén se corrompió, en desobediencia al mandato del Supremo Hacedor.


Allí está el testimonio de Shakespeare, quien por boca de Hamlet (Acto tercero, escena IV) clama patéticamente “... porque, en la grosera sensualidad de nuestros tiempos, la virtud misma ha de pedir perdón al vicio y aún debe a sus pies postrarse de rodillas implorándole gracia…”


Por lo que concierne a El Salvador, hay tres nuevas entidades públicas inscritas directamente en el esfuerzo anticorrupción: el Tribunal de Ética Gubernamental, cuya creación se remonta a solo seis años, la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, que data de apenas tres años, y el Instituto de Acceso a la Información Pública, en proceso de nacimiento; llamadas las tres entidades a consolidar esfuerzos de consuno con otras de vieja data, como la Corte de Cuentas de la República y la Sección de Probidad (adscrita antitécnicamente a la Corte Suprema de Justicia).


Época de cambios es ésta, pues, orientados hacia la consolidación del Estado de Derecho, mediante la renovació  del concepto de servicio y el fortalecimiento de la gestión gubernamental. Justamente por esto la nueva  Ley de Ética Gubernamental (LEG), ad portas, al señalar su objeto, demarca tres ámbitos: 1) Normación y promoción del desempeño ético de la función pública del Estado y del Municipio. 2) Prevención y detección de las prácticas corruptas. 3) Sanción de los actos contrarios a las prohibiciones y a los deberes éticos.


Las instituciones mencionadas y otras como el Órgano Judicial, la Fiscalía General de la República,  están llamadas a constituir lo que se califica como cadena de contención, muralla o dique que, por persuasión para convicción, por disuasión o represión, impida o por lo menos reduzca las desviaciones y los excesos del poder público.


Pero ¿Cuál es la naturaleza de la corrupción? Cuatro perspectivas principales hay para tratar de aprehenderla:


Cualquiera sea el enfoque, la descomposición de una sociedad solo puede ser revertida por la vía de la restauración de la consciencia moral, mediante la educación y la reeducación fundadas en valores, para que ese reservorio de virtudes que es la moral, se corresponda con una normatividad ética, para que aquella, la moral, que es interior o inmanente, afincada en las profundidades del espíritu, tenga trasunto fiel en su exteriorización trascendente, en la objetividad de la ley ética que persuada, no una que solo ofrezca frías reglas jurídicas de amenaza y castigo, porque la ley a secas, como simple papel, no tiene la virtualidad de regenerar el alma. Y no estoy criticando la actual LEG, sino subrayando que la misma debe ser acompañada por una renovación de pensamientos, sentimientos y voluntades. 


Cabalmente nuestros esfuerzos deben desarrollar  la función teleológica del cambio anímico y espiritual, tarea al parecer quimérica, pero que estamos espigando con esperanza, como inicio de nuestra proyección para el quinquenio 2012-2017.


Los cinco años que tenemos por delante están siendo planificados por el nuevo Pleno dentro de cuatro ámbitos, que yo imagino gráficamente como esferas concéntricas, así: 1) institucional, la más interior; 2) interinstitucional, la siguiente; 3) social, la tercera; 4) internacional, que cubre a manera de atmósfera global.


Dentro de los cuatro ámbitos señalados, el trabajo quinquenal se desarrollará en tres esfuerzos, de esta manera: 



  1. Como problema económico, cuando se trata de una economía regulada. Quienes así lo perciben, dicen que una situación tal, que impide el libre juego de las fuerzas económicas, fortalece la tendencia de algunos servidores públicos proclives al abuso del poder (grande o pequeño), que se enquista y al crecer deviene cleptocracia. La solución es (dicen) la desregulación.

  2. Como problema también económico, pero de una economía, por contra, desregulada. Los que de este modo ven el asunto, sostienen que en un entorno así, el Estado queda reducido a mero observador y estimula las formas fáciles de obtener riqueza con apariencia de legalidad. Esto se arregla (aseguran) regulando.

  3. Como problema estructural. Sus sostenedores manifiestan que un sistema gubernamental donde el servidor público concentra amplio poder discresional y donde hay limitada o nula transparencia, propicia vacíos y contradicciones legales, desorden legislativo,  anomia, que debilitan o imposibilitan los controles. Ven la solución en la recomposición estructural, el fortalecimiento del control social, la facilitación de información por los medios, etc.

  4. Como problema esencialmente moral. Cuando se deteriora la escala de valores, se pierde la conciencia de la naturaleza del servicio público (manifiestan quienes así conciben el fenómeno), cuando el funcionario o empleado del gobierno ve en el puesto la oportunidad de usar en provecho propio o de otros, los recursos materiales o humanos al alcance, va cayendo en el ámbito de la corruptela. La solución (sostienen) es la cuidadosa selección y el control de los servidores, por una parte; por otra, la educación moral, la remoralización de las conciencias.

  5. Jurisdiccionalización: en el corto plazo de un año, enfatizar la regularización de la estructura y el funcionamiento de un procedimiento sancionador uniforme y coherente, jurídicamente bien fundamentado, acelerado y eficaz.

  6. Capacitación: en el mediano plazo, o sea a tres años, cubrir la más amplia capacitación del universo del recurso humano involucrado en las actividades del Tribunal. No que se agote la actividad, porque la difusión y la capacitación son un objetivo, labor perpetua, continua, sostenida, a veces imperceptible pero siempre productiva.

  7. Culturización: a cinco años plazo, lograr la concienciación y la práctica (aunque no sea plena) de una nueva cultura fundada en seis categorías de valores, a partir de los espirituales, de los cuales derivan los éticos, pasando por los valores vitales, los intelectuales, los estéticos, hasta los de orden crematística o económica, impregnados los últimos de sentido ético, porque el bienestar material fundado en la justicia de la compensación económica al trabajo honesto, es tan legítima y respetable como la práctica de las otras categorías axiológicas.

Cuando señalo el corto plazo, no estoy planteando que en el mismo únicamente haremos el trabajo jurisdiccional; no. También estaremos (ya estamos) adelantando con intensidad los planes de mediano y largo término; lo mismo digo del esfuerzo de mediano plazo, que no descuida ni lo jurisdiccional ni lo cultural de amplio alcance. Huelga decir lo mismo de las tareas de culturización dentro de los cinco años, plazo en el cual todos los esfuerzos han de caminar parejos. Así están asaz conjugados metas y objetivos, visión y misión institucionales.   


Ahora bien, nuestro compromiso conlleva el desarrollo paralelo de por lo menos cinco políticas institucionales, a saber:


Como parte de esta política, tenemos las puertas abiertas a los medios de comunicación, porque en una sociedad democrática, ellos ejercen la función de informar y formar opinión. El ciudadano tiene el derecho humano de conocer y saber, porque es él el titular nato de la soberanía y destinatario legítimo de los consecuentes frutos del poder público.


En el Tribunal de Ética Gubernamental, todos (incluyendo por supuesto los integrantes de las comisiones) estamos sujetos al mandato social que se manifiesta hoy día como denso clamor para que seamos idóneos agentes de control de la gestión pública; eficientes, imparciales y prudentes juzgadores de las conductas antiéticamente desviadas, eficaces orientadores y guías hacia una renovada cultura fundada en la moral.


Pero además de corresponder a la demanda de las y los salvadoreños, debemos honrar digna y decorosamente, como  mujeres y hombres de bien, en lo personal y como país,  los compromisos contraídos por el Estado en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, la Declaración de Guatemala para una Región Libre de Corrupción, etc.   


Si en los breves cinco años que ya comenzaron a correr, alcanzamos nuestras metas y mantenemos palpitantes los objetivos propuestos, nos sentiremos satisfechos; esa será nuestra contribución dentro del camino hacia la consolidación del Estado de Derecho.


Y ya que los valores probidad, justicia y transparencia, declarados oficialmente por el TEG, constituyen su leit motiv,  puedo decir (parafraseando al profeta Amos, capítulo V, verso 24): broten vigorosas del espíritu las vivas aguas de la probidad, fluya presuroso el río de la justicia, hasta alcanzar la transparencia del remanso de un Estado de Derecho, cuyo cauce se antoja es un Estado de Ética.      



  1. Austeridad, entendida como el uso racional y moderado de los recursos, teniendo como meta la eficiencia que la LEG tácitamente contempla como una relación costo/beneficio. Estamos así obligados a ser modelo humano y técnico en esto.

  2. Coordinación intrainstitucional. Dentro de nuestra modesta dimensión cuantitativa, hemos de potenciar mecanismos de comunicación y coordinación entre las unidades administrativas, técnicas y de servicios.

  3. Coordinación interinstitucional. Como parte del sector público, habremos de fortalecer los mecanismos de comunicación, cooperación y coordinación con los demás entes oficiales que ejecutan mandatos complementarios, como las otras Instituciones ya mencionadas.

  4. Calidad de servicio. En los procedimientos, en todas las actuaciones, la  conciencia de verdaderos servidores públicos nos impone observar los más elevados estándares de calidad en la atención a los usuarios, con gentileza, diligencia, imparcialidad e indiscriminación.

  5. Transparencia y rendición de cuentas. En consonancia con el carácter de la institución, debemos ofrecer accesibilidad, exponernos al escrutinio público y estar prestos a informar sobre nuestro quehacer y ejecutoria, sujetos al monitoreo y contraloría sociales.

 


Dr. Marcel Orestes Posada


Presidente del TEG.